Cuenta atrás para Tindaya [Canarias Nación]

Los planes del Gobierno de Canarias de comenzar los trabajos del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya –obra de Eduardo Chillida- para el 2009, así como la derrota judicial que supone que el Ejecutivo tenga que devolver una cantidad cercana a los tres millones de euros a la U.T.E. formada por Fomento, Construcciones y Contratas y NECSO Entrecanales Cubiertas, han devuelto a la montaña majorera a las primeras filas del debate político ambiental y acerca de la corrupción en las islas.

Mucho antes de que la clase política canaria mostrara a Eduardo Chillida la montaña majorera, Tindaya ya era un monumento que contaba con la máxima protección que el actual ordenamiento jurídico canario permite: monumento natural, punto de interés geológico, bien de interés cultural,... Además, era y es, sin duda, el símbolo identitario más significativo de la isla de Fuerteventura y de sus habitantes que, desde siempre, han atribuido una aureola mágica a Tindaya. No en vano, los majos, habitantes originarios de la isla, dejaron allí el que se considera el parque arqueológico de podomorfos más importante del Norte de África, unas trescientas huellas de pie excavadas en la piedra y que apuntan en la dirección del poniente, como indicando un camino colectivo. Tiene para los majoreros el simbolismo que pueda tener Montserrat para los catalanes, por eso no se debe tocar. Quienes visiten la isla de Fuerteventura no deben conformarse con sus disfrutar de sus kilométricas playas, sino iniciar la ascensión a Tindaya para desde la cima, rodeados de grabados podomorfos, contemplar extasiados los Llanos de Esquinzo, el Atlántico y el Teide gigante en la lejanía. Así comprenderán la importancia no sólo sentimental de la montaña.

Sin embargo, nada de esto parece ser suficiente frente a la codicia y la rapiña de tantos que, sabedores del valor de la traquita que alberga la montaña sagrada, han dado uno de los mayores pelotazos de la historia reciente de las islas. Y créanme que en los treinta años de democracia ha habido bastantes pelotazos en Canarias. El contubernio por el cual, entre los años 1996 y 1999 , el Gobierno de Canarias compró a precio astronómico los derechos de explotación de la cantera a una empresa en serias dificultades económicas, propiedad de un empresario amigo de miembros del Ejecutivo, pasará a la historia de la desvergüenza insular. El que un artista de la talla y la categoría internacional de Eduardo Chillida se prestara a funcionar como pantalla de tamaña operación de desfalco de las arcas públicas canarias no hace sino añadir gravedad a semejante escándalo. Un Chillida que, con la excusa de crear un Monumento a la Tolerancia, no dudó en dar muestras de una soberbia intolerable hacia todo aquél que se opusiera a sus caprichos, según él, “unos cuantos gamberros e incultos que no saben nada de arte”. Nunca quiso el artista vasco atenerse a razones ni a quienes insistían en los gravísimos riesgos que para la montaña entrañaba una obra de cuya mismísima factibilidad existen razonables dudas.

El penúltimo episodio de tan triste historia lo constituye la reciente noticia de que el Gobierno de Canarias acaba de perder la demanda civil interpuesta a la Unión Temporal de Empresas constituida por Fomento, Construcciones y Contratas y NECSO Entrecanales Cubiertas, lo cual obliga al Ejecutivo a desembolsar una cantidad cercana a los tres millones de euros en concepto de costas procesales así como devolución de la garantía desembolsada por ambas empresas. La demanda buscaba esclarecer el destino de los 1.926 millones de las antiguas pesetas desembolsados por el Gobierno en virtud de los derechos de explotación de la cantera. Los 3.000 millones destinados a sondeos nunca realizados ya se dan por perdidos. Sin embargo, como bien demuestra el articulista Carlos Sosa en el periódico digital Canariasahora.com, el paradero del dinero destinado a adquirir los derechos de explotación es bien conocido y tiene nombres y apellidos. Paradójicamente, una práctica política infame, en la que aparecen nombres eternos de la vida pública canaria como el de Lorenzo Olarte, da cobijo a actuaciones contra las que la justicia nada parece poder hacer.

Lo que quizás escape a la mirada del lector no familiarizado con las vicisitudes de la política canaria es que el demandante, el Gobierno de Canarias, lo es porque su anterior presidente, Román Rodríguez –hoy líder de Nueva Canarias pero en aquel entonces, 2004, en las filas de Coalición Canaria- se escandalizó ante la evidencia de tal robo a la hacienda canaria, lo cual implicaba descaradamente a antiguos miembros del Gobierno de mismo color en la anterior legislatura. Es decir, como si un ministro de la segunda legislatura de Felipe González hubiera llevado al borde de la cárcel a otro ministro de la primera legislatura socialista por un asunto de corrupción, para luego ser salvado por la campana en la cuarta legislatura. No yerra quien atribuye al Caso Tindaya el comienzo de la escisión que hoy desangra a Coalición Canaria. Es por eso que, en la actualidad, el Gobierno de Canarias –todavía en manos de Coalición Canaria y sus ahora socios del Partido Popular- parece más interesado en dar comienzo a las obras que en esclarecer la trama de corrupción que rodea a la montaña. Así, nadie espera demasiado de la próxima intervención de Paulino Rivero, jefe del Ejecutivo canario, requerido en sede parlamentaria a instancias del Partido Socialista Canario. Rivero no es de los que tira piedras contra su propio tejado. Perro no come carne de perro.

Por más increíble que parezca este breve relato de políticos metidos a marchantes de land art en su versión especulativa autóctona, todo es cierto, tan cierto como que, si alguien no lo impide, Tindaya, nuestra montaña sagrada, será nuevamente mancillada en breve, esta vez para horadarla, excavando un cubo de 50 x 50 x 50 en nombre de la tolerancia. ¿Alguien puede imaginarse semejante desatino en Montserrat, o en el Monte Igueldo, o en La Pedriza madrileña? No; Chillida tampoco. Seguramente pensó que los pacíficos majoreros y canarios -acostumbrados a que las islas fueran lugar de destierro- aceptarían de buena gana su “desinteresada” creación. Sin embargo, quienes sabemos de la importancia de que Tindaya siga en pie, intacta, como ejemplo de una Canarias que también existe y no está en venta, también sabemos que difícilmente podrá aceptar la ciudadanía canaria, en este camino colectivo emprendido hace tiempo, lo que no será sino un monumento a la sinrazón, la codicia y la deshonestidad.