miércoles, 5 de agosto de 2009

Destituida la jefa jurídica que cosechó la derrota de Tebeto

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el relevo de María Jesús Mesa Hernández como directora general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, sustituida por Rosa Elena Martínez. Mesa Hernández, que accedió a este cargo en noviembre de 1999, cuando se iniciaba la presidencia de Román Rodríguez, es la responsable de la estrategia jurídica del Ejecutivo regional en los casos de Tindaya y Tebeto, así como en las distintas sentencias adversas derivadas de la implantación de la moratoria, procedimientos que han causado importantes quebrantos a la arcas canarias, que ahora el Ejecutivo regional debe afrontar.

Estos resultados adversos se han hecho especialmente patentes en los últimos años, cuando han comenzado a sucederse las resoluciones judiciales, con decisiones polémicas por parte de los Servicios Jurídicos. Así, en el caso de Tebeto, se decidió no contraponer a la valoración económica que hacía el empresario Rafael Bittini otra por parte del Gobierno canario, decisión que el actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, no quiso valorar, adjudicándola directamente a los servicios jurídicos. En todo caso, estos procedimientos perdidos, no son excepción. Una estadística de hace dos años señalaba como el Gobierno canario pierde el 80% de los procedimientos.

La sustituta de Mesa Hernández, Rosa Elena Martínez Díaz, conoce bien el ámbito en el que comenzará a trabajar, pues es letrada de la Comunidad Autónoma desde 1999. Durante estos últimos diez años ha realizado tareas de representación de la Comunidad Autónoma en juicio, así como la defensa procesal de la misma y el asesoramiento jurídico superior del Gobierno de Canarias. Además, en el ámbito formativo, ha impartido distintos cursos relativos a la jurisdicción contencioso administrativa y ha tomado parte en diferentes jornadas sobre el derecho autonómico.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

En mi opinión, del asunto Tebeto todos somos responsables de algún modo.
Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!




cañoncito violento