Desentrañar Tindaya [Carlos Sosa]

Los últimos acontecimientos judiciales han vuelto a colcoar sobre el escándalo de Tindaya -quizás el más sonado de la historia de la autonomía- una puede que definitiva losa para el olvido. Los partidos políticos se intercambian lindezas y lanzan al aire la pregunta fantástica: pero, ¿dónde está el dinero?

Parece increíble que muchos protagonistas políticos que ahora se expresan con tanta contundencia a uno u otro lado de la polémica hayan olvidado que la respuesta a tan grave pregunta obra en once folios en los archivos del Parlamento canario, donde por una vez funcionó una investigación política.

El dinero de Tindaya está a buen recaudo y no en las arcas de la Comunidad Autónoma, sino en los bolsillos de un empresario canario, de nombre Rafael Bittini, propietario de la empresa Cabo Verde, S.A., al que nada se le puede reclamar por la vía legal porque todas sus actuaciones han estado siempre avaladas por acuerdos con el Gobierno o una de sus empresas públicas.

Las claves hay que encontrarlas, por lo tanto, alrededor de Bittini. Porque Cabo Verde era, en el inicio del expediente, la titular de la cantera de la montaña sagrada y la explotadora de los derechos mineros para la extracción de la valiosa piedra de traquita. Un día, de buenas a primeras, el Gobierno decidió hacerse con esos derechos y, en lugar de proceder a una expropiación, pactó con Bittini un acuerdo por el que el empresario creaba la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT). Su capital social se cifró en 900 millones, valor que se otorgó a los derechos de explotación de la cantera.

Esa empresa pasó pronto a convertirse en mixta, para lo cual fue la empresa pública Saturno quien corrió con el desembolso dinerario. Saturno, en manos de Lorenzo Olarte y de su fiel Rodríguez Cíe, pagó el 50% de las participaciones con entregas de 150 millones a la firma, en 1996, y otros 350 en pagos de 100 los días el 14 de marzo de 1997, 14 de marzo de 1998 y 14 de marzo de 1999. El otro 50% de la sociedad, otros 450 millones, lo adquiría el Gobierno, a través de Saturno, el 14 de marzo de 2000. Total, 900 millones, el valor dado a la concesión en poder de Bittini.

Todos los pagos aplazados quedaban avalados por el Gobierno mediante la modalidad de "a primer requerimiento", lo que significa que, a la llegada de la fecha de vencimiento, había que hacer el pago de manera insoslayable, se hubiera cumplido o no cualquier tipo de acuerdo pactado entre las partes.

Rafael Bittini, cuya empresa matriz atravesaba en el 96 serios problemas de subsistencia, veía una salida muy ventajosa a su situación. En lugar de los ocho millones en que se llegó a valorar la explotación minera en el caso de una expropiación, conseguía vender al Gobierno una empresa creada a instancias de éste por 900 millones de las antiguas pesetas.

Todos los pagos fraccionados se producen de manera regular entre 1996 y 1999, con Hermoso de presidente y Lorenzo Olarte de vicepresidente y consejero de Turismo, departamento al que pertenecía la empresa Saturno. El primer escollo para cumplir aquellos compromisos se produce en 2000, durante el Gobierno de Román Rodríguez y Adán Martín. No se cumple el pago de 450 millones pactado para ese 14 de marzo, pero Bittini cobra porque había endosado el aval al Banco Santander, que termina ejecutándolo bajo el mandato de Adán Martín, con Manuel Fajardo de consejero de Turismo y Pilar Parejo de viceconsejera.

Pero es que, además de estos pagos, Bittini logra quedarse, gracias a sus ventajosos acuerdos iniciales con Olarte, con la explotación de piedra por una cantidad de entre 120.000 y 200.000 metros cúbicos. Esos acuerdos llegaron a incluir incluso la cláusula de que sin piedra, no habría monumento.

Es entonces cuando entra en escena la UTE formada por Necso y Fomento de Construcciones y Contratas, que compra a Bittini esos derechos mineros por 1.650 millones de pesetas. Pero la compra se celebra en 1997, es decir, cuando aún no se había procedido a la adjudicación del contrato en favor de esa UTE, hecho que se produce el 14 de octubre de 1998 por importe de 8.450 millones. En la oferta ganadora, la UTE exige el pago de estudios de implantación a PMMT, ya íntegramente del Gobierno, por valor de 1.960 millones, la misma cantidad pagada a Bittini por los derechos de explotación minera. Por lo tanto, no hay que buscar mucho más: el dinero está en el bolsillo de Bittini.

Así las cosas, cabe preguntarse nuevamente por qué el Gobierno no utilizó la fórmula de expropiación, en lugar de todo un montaje empresarial a través de una sociedad pública, Saturno, que no rendía cuentas al Gobierno en ningún momento y que sólo recurrió al calor del Ejecutivo cuando estalló el escándalo.

O qué fue lo que pasó con el precontrato que Rafael Bittini firmó con Saturno y que teóricamente contendría las instrucciones y los acuerdos fundacionales impuestos por el Gobierno para garantizar el buen fin de la operación. Cuando esos acuerdos se fueron a elevar a escritura pública, alguien dijo al notario que se habían destruido.

Todo ello sin que se haya movido una piedra para realizar el gran proyecto que Eduardo Chillida pensó para la montaña sagrada de Tindaya y sin que, para completar tan desilusionante cuadro, ninguna institución haya procedido ya a la expropiación de los alrededores del monumento. Que aquello es tierra de La Oliva y en muchos sitios de Canarias, cuando se habla de urbanismo, hay que poner la venda antes que la herida.

Carlos Sosa

Publicado originalmente en Canarias Ahora