Tindaya seguirá adelante [Agencia EFE]
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, dijo hoy que la sentencia judicial que desestima la demanda del Gobierno canario para extinguir el contrato con las constructoras del monumento de Tindaya no supondrá un obstáculo y el proyecto "seguirá adelante". Así lo manifestó el consejero en el Parlamento regional, en el que informó sobre la situación del proyecto de Tindaya a petición del grupo Socialista, cuyo diputado Domingo Fuentes se mostró convencido de que CC no conseguirá desbloquear este asunto "ni les veo capaces de recuperar el dinero" indebidamente pagado.
Domingo Berriel replicó que la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional tiene previsto formalizar un recurso contra la sentencia emitida el 15 de febrero por el juzgado de primera instancia número ocho de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se desestima la demanda civil interpuesta por el Ejecutivo en el año 2000. En dicha demanda el Gobierno pedía que se declarase resuelto y extinguido el contrato suscrito entre la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya y las constructoras Fomento de Construcciones y Contratas y Necso, y la unión temporal de empresas formada por ambas entidades. El consejero añadió que hasta que los tribunales se pronuncien en un sentido u otro, el Gobierno canario seguirá "con la hoja de ruta" adoptada para realizar el proyecto que en su día ideó el fallecido escultor vasco Eduardo Chillida, una vez acreditada su viabilidad técnica.
Al respecto, manifestó que se han presentado 103 alegaciones en el periodo de información pública de la declaración de impacto ambiental correspondiente, al tiempo que se hará un expediente de expropiación sobre los terrenos afectados, en los que no están claras las propiedades. En respuesta al parlamentario socialista, Domingo Berriel reconoció que desde el inicio del proyecto se ha pagado "muchísimo dinero, más de la cuenta, y por eso se está tratando de recuperar", y detalló que se pueden haber desembolsado unos 25.717 millones de euros. El diputado Domingo Fuentes consideró que el proyecto ha tenido "una deriva escandalosa", pues ha sido "el caso más grave de la Comunidad Autónoma en cuanto al mal uso de los fondos públicos, con unas consecuencias lesivas para las arcas" públicas.
"CC y PP han hecho de Tindaya el símbolo de las redes clientelares que espantan a los ciudadanos de la política y tras trece años, el sueño de Chillida se desvanece", apuntó Fuentes. En su opinión las demandas presentadas por el Gobierno son "cortinas de humo para evitar que se esclarezcan responsabilidades" y advirtió de que la sentencia deja claro que el proyecto nació mal desde el principio, pues se compró una concesión minera que se podía haber rescatado, no había terrenos disponibles, no se hicieron los estudios de viabilidad pertinentes y los plazos eran imposibles de cumplir. La sentencia es "contundente" y supone "un varapalo" para el Gobierno, añadió el parlamentario, quien criticó el panorama "desolador" del proyecto, que además ha servido para "ajustes de cuentas entre ex presidentes de la Comunidad Autónoma".
Al PSC se le está "agotando la paciencia" y no se explica cómo "este proyecto tan hermoso sigue enfangado y es imposible que un Gobierno siga haciendo las cosas tan mal y parece seguir en la misma senda" que los anteriores, reprochó Fuentes. El diputado de CC José Miguel Barragán se preguntó si el PSC estaría de acuerdo en unirse a los grupos que sustentan al Gobierno para retirar las demandas judiciales y reclamar por la vía civil el reintegro de dicha cifra, pero en todo caso le pidió que no mezcle "las dos partes" de este asunto, la negra y la blanca, para no enturbiar el proyecto. La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo lamentó que a día de hoy el monumento de Tindaya sigue siendo "un sueño de los majoreros" aunque se mostró convencida de que el Gobierno de Canarias sigue dando un impulso político para uno de los proyectos más importantes a los que puede aspirar Fuerteventura.
Montelongo pidió unión y consenso en torno a este proyecto y coincidió con el consejero en no perder de vista los dos grandes objetivos, continuar las acciones para hacer posible el monumento y esclarecer el entramado jurídico "desde la prudencia". "Todos tenemos claro que hasta que no se resuelva la situación judicial el proyecto de Tindaya permanecerá en un compás de espera", afirmó la diputada popular, quien pidió que la justicia siga su curso y no se caiga en el error de convertirse en jueces o especular con el pasado, sino buscar soluciones para que el monumento sea "una exigencia".
El proyecto es "un lingote de oro" que si no se materializa sería como "tenerlo congelado en la nevera", prosiguió Montelongo, quien expresó la disposición del Cabildo de Fuerteventura a poner a disposición del Gobierno regional los terrenos necesarios para la completa ejecución de un monumento "frustrado por la pesadilla judicial".
Domingo Berriel replicó que la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional tiene previsto formalizar un recurso contra la sentencia emitida el 15 de febrero por el juzgado de primera instancia número ocho de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se desestima la demanda civil interpuesta por el Ejecutivo en el año 2000. En dicha demanda el Gobierno pedía que se declarase resuelto y extinguido el contrato suscrito entre la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya y las constructoras Fomento de Construcciones y Contratas y Necso, y la unión temporal de empresas formada por ambas entidades. El consejero añadió que hasta que los tribunales se pronuncien en un sentido u otro, el Gobierno canario seguirá "con la hoja de ruta" adoptada para realizar el proyecto que en su día ideó el fallecido escultor vasco Eduardo Chillida, una vez acreditada su viabilidad técnica.
Al respecto, manifestó que se han presentado 103 alegaciones en el periodo de información pública de la declaración de impacto ambiental correspondiente, al tiempo que se hará un expediente de expropiación sobre los terrenos afectados, en los que no están claras las propiedades. En respuesta al parlamentario socialista, Domingo Berriel reconoció que desde el inicio del proyecto se ha pagado "muchísimo dinero, más de la cuenta, y por eso se está tratando de recuperar", y detalló que se pueden haber desembolsado unos 25.717 millones de euros. El diputado Domingo Fuentes consideró que el proyecto ha tenido "una deriva escandalosa", pues ha sido "el caso más grave de la Comunidad Autónoma en cuanto al mal uso de los fondos públicos, con unas consecuencias lesivas para las arcas" públicas.
"CC y PP han hecho de Tindaya el símbolo de las redes clientelares que espantan a los ciudadanos de la política y tras trece años, el sueño de Chillida se desvanece", apuntó Fuentes. En su opinión las demandas presentadas por el Gobierno son "cortinas de humo para evitar que se esclarezcan responsabilidades" y advirtió de que la sentencia deja claro que el proyecto nació mal desde el principio, pues se compró una concesión minera que se podía haber rescatado, no había terrenos disponibles, no se hicieron los estudios de viabilidad pertinentes y los plazos eran imposibles de cumplir. La sentencia es "contundente" y supone "un varapalo" para el Gobierno, añadió el parlamentario, quien criticó el panorama "desolador" del proyecto, que además ha servido para "ajustes de cuentas entre ex presidentes de la Comunidad Autónoma".
Al PSC se le está "agotando la paciencia" y no se explica cómo "este proyecto tan hermoso sigue enfangado y es imposible que un Gobierno siga haciendo las cosas tan mal y parece seguir en la misma senda" que los anteriores, reprochó Fuentes. El diputado de CC José Miguel Barragán se preguntó si el PSC estaría de acuerdo en unirse a los grupos que sustentan al Gobierno para retirar las demandas judiciales y reclamar por la vía civil el reintegro de dicha cifra, pero en todo caso le pidió que no mezcle "las dos partes" de este asunto, la negra y la blanca, para no enturbiar el proyecto. La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo lamentó que a día de hoy el monumento de Tindaya sigue siendo "un sueño de los majoreros" aunque se mostró convencida de que el Gobierno de Canarias sigue dando un impulso político para uno de los proyectos más importantes a los que puede aspirar Fuerteventura.
Montelongo pidió unión y consenso en torno a este proyecto y coincidió con el consejero en no perder de vista los dos grandes objetivos, continuar las acciones para hacer posible el monumento y esclarecer el entramado jurídico "desde la prudencia". "Todos tenemos claro que hasta que no se resuelva la situación judicial el proyecto de Tindaya permanecerá en un compás de espera", afirmó la diputada popular, quien pidió que la justicia siga su curso y no se caiga en el error de convertirse en jueces o especular con el pasado, sino buscar soluciones para que el monumento sea "una exigencia".
El proyecto es "un lingote de oro" que si no se materializa sería como "tenerlo congelado en la nevera", prosiguió Montelongo, quien expresó la disposición del Cabildo de Fuerteventura a poner a disposición del Gobierno regional los terrenos necesarios para la completa ejecución de un monumento "frustrado por la pesadilla judicial".
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