118 millones sin mover una piedra [La Provincia]

El Gobierno de Canarias tendrá que desembolsar 118 millones de euros por el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya sin que hasta la fecha se haya movido una sola piedra en el pago majorero de La Oliva.

El presupuesto de 2007 de la Consejería de Industria, la que perdió el pleito, alcanza los 194 millones, por lo que el nuevo varapalo judicial supone casi tres cuartas partes del mismo, dinero que tendrá que ser utilizado para indemnizar a Canteras Cabo Verde S.A., la concesionaria de la explotación minera de Tindaya y que ha ganado en los tribunales todos los pleitos planteados ante el Ejecutivo autonómico.

Hace cuarenta y ocho horas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificaba al Gobierno autónomo el que es, hasta ahora, el mayor golpe judicial en materia económica de toda su historia.

Tras una reclamación patrimonial por daños y perjuicios de Canteras Cabo Verde, que consideraba que el Gobierno le otorgó tarde unos derechos de explotación sobre la montaña de Tebeto, junto a Tindaya, el Ejecutivo ha sido condenado a pagar 92.295.312 euros, lo que unido a los 25,7 que se acumulaban de fallos anteriores (incluido dinero desembolsado por el Gobierno que no podrá recuperar) sitúa la suma en 118 millones de euros (19.600 millones de pesetas) más los gastos que se deriven del procedimiento, también una cifra elevada.

TEBETO. El pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, data de principios de los noventa, cuando la sociedad Canteras Cabo Verde S.A. solicitó al Ejecutivo regional la licencia de explotación minera de la montaña tras una concesión que tenía desde 1982. En ese momento, el Gobierno dictó dos resoluciones mediante las cuales declaraba caducadas las concesiones, motivo por el que Cabo Verde, propiedad de la familia Bittini, acudió a la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias otorgó la razón a Cabo Verde y obligaba a la Administración autonómica a ejecutar el fallo, que posteriormente fue confirmado en todos sus extremos por el Tribunal Supremo. La Justicia otorgaba a los empresarios la titularidad de los derechos mineros de Tebeto para su explotación.

Tras la confirmación del Supremo, Cabo Verde S.A. inició un expediente de ejecución de sentencia, por lo que el Gobierno traspasó a la mercantil los derechos mineros. Sin embargo, Canteras Cabo Verde se encontró con un problema: el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que prohibía toda actividad extractiva en el entorno de Tindaya en un radio de tres kilómetros que cogían de lleno a la montaña de Tebeto. De esta forma, los derechos de explotación, en la práctica, eran papel mojado.

Según los empresarios, esto era motivo legal impeditivo de la ejecución del fallo del Tribunal Supremo, por lo que se promovió un incidente de inejecución de sentencia que fue desestimado por el TSJC, que recomendaba a Cabo Verde acudir a la vía de la reclamación patrimonial.

El primer paso fue reclamar los daños sufridos a la Administración autonómica, que rechazó el pago, por lo que los empresarios acudieron, de nuevo, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

Ahora la Sala, después de valorar las diferentes tasaciones aportadas en la fase de prueba, estima el recurso de Canteras Cabo Verde S.A. y obliga al Gobierno de Canarias a indemnizar a la empresa con 92.295.312 euros, la mayor cuantía a la ha sido condenado el Ejecutivo regional en toda su historia.